El movimiento catalán de la vivienda cooperativa celebra un hito histórico: una proposición de ley registrada con el apoyo de la mayoría parlamentaria reconoce el interés público del modelo y establece un marco legal propio en Cataluña

Este miércoles 9 de julio se ha hecho iniciado oficialmente en el Parlament de Catalunya el trámite por la aprobación de una Ley propia que regula y protege legalmente la vivienda cooperativa en cesión de uso. La iniciativa, impulsada por los grupos parlamentarios de PSC, ERC, En Comú Podem, CUP y Junts, nace a propuesta del movimiento cooperativo catalán, que reclama desde hace años un reconocimiento legal específico para el modelo.

La iniciativa da continuidad a la Resolución 963/XIII, aprobada en mayo de 2022 por práctica unanimidad en el Parlamento, que instaba al Gobierno a impulsar este modelo ya adecuar el marco legal para fomentar su expansión. Aquella resolución pionera reconocía ya el valor público de la vivienda cooperativa en cesión de uso y señalaba explícitamente la necesidad de una reforma legal como la que ahora se concreta. 

La propuesta de ley registrada hoy modifica parcialmente la Ley de Cooperativas de Cataluña (12/2015) para crear una subsección específica dentro de las cooperativas de vivienda, con definición propia, criterios sociales garantizados y medidas contra la especulación. El texto ha sido impulsado por la Sectorial de Vivienda de la XES y la Federación de Cooperativas de Viviendas de Cataluña (Habicoop), en coordinación con entidades y personas jurídicas del sector.

“Es un hito histórico por el movimiento”, ha afirmado Lali Daví (de la sectorial de vivienda de la XES) en la rueda de prensa celebrada hoy en el Parlamento. "El modelo se ha demostrado útil, viable y con impacto positivo. Ahora hay que blindarlo para que no se desnaturalice ni se desregule".

Un modelo emergente con vocación pública e impacto social

En los últimos años, el modelo de cesión de uso ha experimentado un notable crecimiento en Cataluña. Actualmente, hay más de 1.200 viviendas en más de 66 proyectos en todo el territorio —de los cuales Sostre Cívic representa casi la mitad. Estos proyectos, promovidos por cooperativas sin ánimo de lucro, se desarrollan tanto en suelo público como privado privado, con cuotas que cubren estrictamente los costes reales y con una gestión colectiva. La vivienda cooperativa se presenta como alternativa sólida, estable y desmercantilizada para garantizar el derecho a la vivienda.

Un estudio recientemente impulsado por Habicoop confirma que el modelo de vivienda cooperativa en cesión de uso genera beneficios claros y medibles para las personas, el territorio y las finanzas públicas:

• El consumo energético es un 55% inferior a la media catalana.
• El 90% de la energía proviene de fuentes renovables.
• El coste medio del m² es 3,66 € inferior al del alquiler convencional.
• Las personas que viven tienen 8,3 veces más probabilidades de estar satisfechas con su vivienda.

Una regulación necesaria para evitar desviaciones del modelo

Hasta ahora, la legislación catalana sólo reconocía de forma genérica la cesión de uso en las cooperativas de vivienda, sin establecer una regulación específica. Esto dejaba el modelo expuesto a incertidumbres jurídicas y dificultaba su reconocimiento y soporte institucional.

Con la nueva proposición de ley, se define legalmente la figura de las “cooperativas de vivienda en cesión de uso”, con una normativa propia que delimita sus condiciones y asegura su función social.

Según ha explicado David Guàrdia (Habicoop), este marco legal permitirá consolidar los valores del modelo y protegerlo de posibles desviaciones: "El desarrollo del modelo hasta ahora ha sido posible gracias al compromiso del sector, pero era necesario blindarlo legalmente para garantizar su continuidad como bien común".

Los puntos clave de la regulación propuesta son:

• Prohibición de convertir las viviendas en propiedad individual: la titularidad es siempre colectiva, de la cooperativa.
• Reconocer la cesión de uso como forma de vivienda social, a efectos de ayudas y acceso a suelo público.
• Limitación de las aportaciones y de las transmisiones para evitar revalorizaciones especulativas.
• Transparencia, democracia interna y compromiso social, con cuotas máximas, fondos irrepartibles y vocación de interés general.

La ley también establece que, en caso de disolución de una cooperativa, sus activos tendrán que continuar destinándose a cesión de uso, evitando que entren en el mercado especulativo.

Hacia un modelo de país

Durante la rueda de prensa, las entidades impulsoras subrayaron que esta regulación no sólo reconoce un modelo existente, sino que abre la puerta a su consolidación y extensión, siguiendo el ejemplo de otros países como Dinamarca, Quebec o Uruguay, donde la vivienda cooperativa forma parte estructural de las políticas públicas de vivienda.

Desde Sostre Cívic, celebramos este paso adelante como un reconocimiento al trabajo sostenido por cientos de cooperativistas, y nos comprometemos a seguir trabajando por un parque de vivienda estable, asequible y comunitario, fuera del mercado especulativo.

Propuestas del sector en el Decreto de Vivienda

En paralelo a la presentación de la proposición de ley para regular el modelo de vivienda cooperativa, esta misma semana se ha abordado otra pieza clave del marco normativo: el Decreto‑Ley 2/2025 (25 de febrero), de medidas urgentes en materia de vivienda. En este contexto, David Guàrdia, en representación de la Federación de Cooperativas de Viviendas de Cataluña (Habicoop), compareció este lunes ante la ponencia parlamentaria para valorar su alcance y plantear ajustes concretos para facilitar el encaje del modelo cooperativo sin ánimo de lucro dentro de las políticas públicas de vivienda.

Entre las propuestas concretas que la Federación ha planteado en el Decreto-Ley, destacan diversas medidas orientadas a facilitar la viabilidad de los proyectos cooperativos. Por un lado, se pide extender la excepción de aparcamientos a todas las viviendas de protección pública y en suelo cedido, sin limitarse al alojamiento dotacional. También se propone permitir la permuta de suelo público por viviendas ya construidas por entidades sociales; y simplificar la normativa sobre densidad urbanística para que los proyectos cooperativos de hasta 70 m² puedan beneficiarse de una vía rápida de tramitación urbanística. Por último, se insta a ajustar los límites de superficie y los criterios de los VPO para que incluyan espacios comunes, facilitando así su acceso a la financiación ya las subvenciones públicas.

Habicoop advierte que, a pesar de ser uno paso positivo, el Decreto todavía no encaja del todo con las dinámicas del modelo cooperativo: hace falta más flexibilidad y reconocimiento explícito para que los proyectos sean viables.

Un reconocimiento legal y fiscal al servicio de un modelo transformador

Todo este conjunto de iniciativas -tanto la proposición de ley para blindar el modelo como las propuestas de ajuste al Decreto de Vivienda- se enmarcan en un momento clave para el reconocimiento institucional de la vivienda cooperativa en cesión de uso.

• A Cataluña, el Decreto‑Ley 5/2025 (25 de marzo) ha eliminado el ITP para la adquisición inmobiliaria por cooperativas y ha introducido una deducción del IRPF del 20% por aportaciones al capital social, hasta 3.000 € anuales.
• A nivel estatal, el Congreso aprobó el 18 de febrero una Proposición No de Ley que reconoce el modelo cooperativo como vía no especulativa, instigando la cesión de suelo público y medidas en el próximo Plan Estatal de Vivienda.

Este conjunto de medidas —regulación específica, incentivos fiscales y consideración institucional— configura un marco potente y estratégico que permite impulsar al cooperativismo como alternativa sólida para garantizar el derecho a la vivienda.

Las comparecencias y propuestas presentadas esta semana, sumadas a los avances legislativos y fiscales, consolidan un marco jurídico y económico favorable que no sólo protege, sino que también promueve la escala y la sostenibilidad del modelo cooperativo.